10 de agosto de 2006

Pueblos en vías de extinción



A un pueblo no se le mata solo acribillándolo a bala, aunque esa es una de las formas típicas que se sigue empleando. Hoy se usan recursos más sutiles: la negación, el olvido, la exclusión... Así se hacen ahora los genocidios, de manera lenta, silenciosa, sin causar pánico ni hacer el estruendo que produce un misil al explotar.

De esa forma están muriendo en este momento naciones enteras, pero no aquellas que la ciencia política llama estados-nación, que son, para simplicar, los actuales países con su gente. Las que están desapareciendo así son las conformadas por los pueblos indígenas, por comunidades originarias que llevan siglos sobre el pedazo de faz de la tierra que les tocó.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 9 de agosto, vale recordar que decenas de ellas están en proceso de extinción en todo el mundo y que muchas son de América Latina.

En esta parte del mundo, la población indígena se calcula en 40 millones de personas, pertenecientes a unos 400 grupos étnicos. Pero muchos son en realidad grupos pequeños: "El 70% de esos pueblos está compuesto por poblaciones de menos de 5 mil personas", dice un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Por ejemplo, en el municipio de Chiquimulilla, en el sur de Guatemala, el año pasado sólo quedaba una persona hablando una lengua que tiene el mismo nombre de la población: eso significa que cuando ella muera también morirá una cultura ancestral.

Lo es porque "el idioma es esencial para mantener la cultura y la identidad de un grupo. Es el vínculo tanto con el pasado como con el futuro y nos sirve de base para nuestra vitalidad social, emocional y espiritual", como explicó un líder indígena canadiense al hablar ante el último Foro Permanente de los Pueblos Indígenas.

Cuando esas personas y esas lenguas extrañas van muriendo, la humanidad va perdiendo a trozos una de sus mayores riquezas, que es la diversidad cultural.

En los llanos del Apure, en el occidente de Venezuela, el pueblo Yaruro o Pumé, está olvidando sus cantos ceremoniales tradicionales. Lo grave no solo es que tengan menos chamanes que los defiendan de las enfermedades o que les demoren la muerte, sino que esta comunidad, dicen los antropólogos, tiene una cosmovisión y una religiosidad muy profunda que quién sabe si se pueda recuperar.

En Colombia, 12 pueblos fueron definidos por Naciones Unidas como "en vías de extinción", algunos por estar cercados por el conflicto armado que vive el país. Entre ellos están los Nukak Makú, uno de los últimos grupos nómadas del mundo, que no tiene más de 500 miembros.

En marzo de este año, 138 nukak abandonaron la selva amazónica en la que siempre han vivido, en límites entre Colombia y Brasil: "Hay quienes dicen que salieron huyendo de las Farc y otros que llegaron buscando comida. Los últimos, que provenían de la zona de Tomachipán (San José del Guaviare), dicen que caminaron cerca de dos meses para llegar a la ciudad", según una crónica de abril del diario El Tiempo.

Las amenazas violentas son por luchas políticas, como allí, o por la búsqueda de riquezas, como ha pasado y aún pasa en toda América, cuan larga y ancha es.

Por habitar, por lo general, en zonas que tienen una gran biodiversidad o una riqueza natural gigantesca, cada vez padecen más presiones de negociantes que a título individual o de empresas se quieren quedar con sus territorios.

Para otros, la destrucción progresiva viene de los procesos de aculturación, es decir, de la asimilación de elementos de culturas ajenas que los hacen olvidar lo que siempre ha sido suyo.

La etnia Pame y su lengua están en vías de extinción, pues hoy apenas hay 8.400 personas, cuando en la época prehispánica fue un nación grande y poderosa que dominaba todo el centro norte de México. "Su principal enemigo es la pobreza, la cual los lleva a migrar a otras ciudades del país así como a Estados Unidos: cuando regresan utilizan muchas palabras en inglés", informó hace unos meses la agencia de noticias Notimex.

El abandono en la atención de sus necesidades básicas y la negación de sus derechos son formas que históricamente se han usado para derrotarlos, y que siguen de moda.

Ocurre, aunque parezca paradójico, en países como Ecuador, donde los indígenas llegan al 45% de la población total del país, pero tienen poca participación parlamentaria y gubernamental; o en Chile, donde siendo el 10% de los ciudadanos, no están siquiera reconocidos por la Constitución.

El ascenso de los indígenas como actores sociales y políticos es una de las revoluciones pacíficas más importantes de América Latina en los últimos 20 años. Aún así, son muchas las formas en las que se les sigue exterminando.


La información base de este artículo la publiqué en La Prensa, de Panamá (www.prensa.com), el 9 de agosto de 2006. La foto es de Fernando Vergara, de la agencia AP

23 de abril de 2006

Presencias y ausencias en la información local









¿Desde dónde y con qué ojos ve nuestro periodismo a las ciudades y a los fenómenos urbanos? Estas son algunas ideas personales, apenas como para iniciar un debate, advirtiendo que hay muchas honrosas excepciones.


Parte I: el balcón para mirar la ciudad

En buena medida, las noticias ven las ciudades desde los centros de poder: político, económico, administrativo, cultural, etc.

Las ciudades se ven ‘institucionalizadas’ cuando la vida cotidiana es lo menos institucional que existe.


La participación ciudadana

La apertura de micrófonos y la consulta de ciudadanos aislados significa una participación ficticia.

No es una real interlocución, no hay diálogo ciudadano, sólo versiones de lado y lado que parecen pólvora de luces: explotan y se esfuman como si nada.


Agendas informativas

En gran medida, están trazadas por las oficinas de prensa de las instituciones del gobierno o de las empresas.

Las oficinas de prensa y no la prensa, están marcando entonces la agenda ciudadana que muestran los medios.

Aparte de eso, los medios se volvieron monotemáticos y monocromáticos: los mismos temas, tratados de la misma manera.


Mapas mentales de la ciudad

Las noticias ayudan a construir imaginarios del mundo, las personas, las situaciones... Crean ‘guías propias’, particulares y limitadas sobre la ciudad.

El imaginario y las ideas de ciudad son sectorizados, no sólo porque así es la vida, también por las informaciones.


Omisión de formas de autodesarrollo

Por partir generalmente de conflictividades, las noticias reconocen con dificultad procesos positivos –de participación, deliberación, desarrollo– gestados desde los propios ciudadanos.

Se tiene la idea que ni las buenas noticias ni los procesos sociales ‘venden’.


Zonas invisibles

Las ciudades que muestran las noticias están llenas de ‘agujeros negros’ para la información, de zonas que rara vez aparecen.


Grupos sociales invisibles

La visibilidad social en los medios parece estar dada por la capacidad de movilización violenta, masiva o curiosa. Quien no se mueva dentro de esos rangos, no existe para los medios.


Conflictos importantes, poco importantes

Numerosas situaciones permanecen en un clima de alta tensión. Algunas hasta llevan a verdaderos fenómenos de gran dinámica y crisis urbanas, y pasan desapercibidos para la prensa.


Exclusión de periferias urbanas

En las noticias se da por su negación, su olvido. Aunque todas las ciudades tienen áreas rurales, ellas permanecen en un limbo: no son ciudad, tampoco campo.


Ciudades que parecen sordas

El ruido cotidiano de las calles o los hogares está ausente de los informes periodísticos.

El lenguaje propio de cada medio y las posibilidades de los géneros informativos no están siendo explotados como se pudiera.


El día es la vida, la noche la muerte

Las noticias buenas se acuestan temprano: de noche sólo ocurren hechos violentos, accidentes, cosas malas... y ‘refritos’ y ‘reencauches’… O es para la frivolidad de una rumba. No más. La noche no tiene vida informativa propia.


Los pobres sólo aparecen en la tragedia

La ‘página roja’ es la sección ‘rosa’ de los pobres. Rara vez se les muestra, salvo cuando son centro de la noticia trágica por violencia o la naturaleza. Su cotidianidad no se muestra completa.


Los ricos sólo aparecen en la frivolidad

Aunque suene paradójico son otro sector ‘marginado’ de las noticias. Su cotidianidad tampoco se muestra completa.


Las prácticas cotidianas no importan

La vida cotidiana como tal no merece tratamiento informativo. En el futuro, la vida de las ciudades antiguas (las de hoy) no podrán estudiarse, por ejemplo, a través de la radio.


El futuro es impredecible

No se exploran las consecuencias sociales de los grandes fenómenos que transforman las ciudades: migraciones intraurbanas, autoritarismo, ausencia de participación en decisiones públicas, etc.

De todo eso se habla a diario, por supuesto, pero no de sus efectos sobre la ciudad como cuerpo social, no sobre la formación de alguien como ciudadano, no como modelo de Estado que está en medio de las relaciones sociales.


Para cerrar esta parte...
“La noticia no es un reflejo de la realidad, tampoco una reconstrucción, sino una determinada forma de construir la realidad”
Teun A. van Dijk, profesor de análisis del discurso Universidad de Amsterdam



Parte II: las razones de esas presencias y ausencias



1. Los criterios sobre lo que es noticia están basados en categorías viejas, algunas casi obsoletas, pero muy vigentes: novedad, espectacularidad, curiosidad, rareza, conflictividad…

Pero, ¿es posible plantear nuevos criterios de información para mostrar otros hechos de la vida social?

Propuesta: Pensar las informaciones como ciudadanos, no como funcionarios ni periodistas.

2. La excesiva dependencia de las fuentes oficiales por razones económicas, ideológicas o de subordinación.

Pero, ¿es posible pensar un periodismo que mantenga su independencia de los poderes públicos o privados?

Propuesta: Romper poco a poco el modelo informativo, sin chocar de frente con nadie.

3. Hay estructuras empresariales que no están priorizando la información sino los costos de producción.

Pero, ¿es posible diseñar un modelo de periodismo mejor con los recursos y el personal actual?

Propuesta: Desarrollar alianzas informativas con instituciones de diverso tipo que puedan ofrecer información especializada sobre distintos aspectos de interés general, para ser presentados en forma periodística.

4. El ritmo de trabajo se volvió de tipo industrial (producir, producir, producir) y el periodista empezó a perder su carácter de humanista, su sentido intelectual hacia la creación.

Pero, ¿estamos condenados a ser unos obreros de la información?

Propuesta: Es imposible ‘crear’ todos los días, pero sí al menos una vez a la semana o una vez a la quincena.

5. Directores, editores y jefes de redacción tienen sus propios criterios sobre la información, caprichos sobre ella y determinan la forma y el tipo de trabajo.

Pero, ¿acaso el jefe está siempre sobre uno indicando qué y cómo debe informar?

Propuesta: Como periodistas, utilizar nuestro ‘espacio de autonomía relativa’ y emplearlo bien.


6. Las libretas de fuentes son demasiado reducidas, allí tienen cabida casi exclusiva las fuentes que proporcionan noticias y no asesores que pueden explicar mejor las noticias.

Pero, ¿acaso no existen otras opiniones distintas a las de quienes en forma tradicional consultamos?

Propuesta: Complementar la libreta de fuentes en las universidades y en las ONG, por ejemplo.

7. No queda tiempo para capacitarse o actualizarse y a las empresas no les interesa.

Pero, ¿a nadie le interesa que haya periodistas bien formados?

Propuesta: Actuar como gremio en la búsqueda de esquemas de educación no formal.

Para cerrar del todo...
“Las ciudades están hechas de ladrillo, de hierro, de cemento. Y de palabras. Ya que es el modo en que han sido nombradas, como los materiales con las que se las construyó, lo que dibuja su forma y su significado”
Rosalba Campra

8 de marzo de 2006

Las masacres de la caja de cartón

Foto de Manuel Saldarriaga

Después de hablar un rato sobre lo que yo venía escribiendo en el diario El Colombiano, el funcionario de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación que tenía al frente me dijo: "¿Ve esa caja de cartón de allá? Se la regalo, haga un libro con lo que tiene adentro".

La caja estaba en el piso, en una esquina, junto a una cantidad de expedientes arrumados en orden, algunos amarrados con cabuya. La oficina era amplia, con el piso cubierto con un tapete desgastado color crema, paredes blancas y sólo dos escritorios huérfanos de otro mobiliario.

Le pregunté qué contenía y me respondió que toda la investigación sobre las masacres que habían ocurrido en el departamento del Chocó desde 1996 hasta ese momento. Tenía incluso los reportes forenses de cuerpos y más cuerpos hallados en fosas comunes. "Ahí está prácticamente todo", sentenció.

Sólo atiné a interrogarlo por qué me la daba y, palabras más palabras menos, me contestó que estaba cansado de explicarle a la propia Procuraduría, a la Fiscalía, a la misma Presidencia de la República, qué era lo que estaba pasando en ese departamento, cómo estaban masacrando a la gente. Estaba hastiado de que el Estado para el cual trabajaba no hiciera nada para evitarlo.

Me dijo, por ejemplo, que las masacres paramilitares en el Chocó habían comenzado unas semanas después del 26 de mayo de 1996, día en que el entonces presidente de la República, Ernesto Samper Pizano, había anunciado que convocaría en enero siguiente a una licitación internacional para la construcción de un canal interoceánico.

Según ese anuncio, la idea era unir los ríos Atrato (que desemboca en el océano Atlántico) y Truandó (uno de sus afluentes que lleva sus aguas hasta el Pacífico). ¡Esas son palabras mayores! Tanto así que se abrió una polémica cuando expertos advirtieron que para hacer el canal se debía utilizar energía atómica para remover un manto rocoso que hay en la zona.

El gobierno insistía en que había que aprovechar las bondades de nuestra naturaleza para construir una vía alterna al canal de Panamá, que tiene limitaciones en cuanto al calado de los barcos que pueden cruzarlo. La oposición respondía que todo era una 'cortina de humo' del gobierno para tratar de desviar la crisis que vivía producto del Proceso 8.000.

Nunca se volvió a saber de la comisión creada por Samper en el decreto 0927 para estudiar el proyecto, pero sí de la violencia que empezaron a padecer las comunidades afrodescendientes propietarias, gracias a títulos colectivos, de buena parte de las inmensas y ricas selvas del Chocó.

Las crónicas de prensa que motivaron la llamada del investigador de la Procuraduría denunciaron, dándole mucha voz a los campesinos, la violencia tan aterradora que había en el Atrato Medio desde hacía un par de años, los bloqueos para el ingreso de alimentos y contaba la historia de unos campesinos que llevaban meses viviendo selva adentro, único refugio que encontraron para seguir con vida de las incursiones paramilitares.

Buena parte de esa historia ocurría a lo largo del río Jiguamiandó y se puede leer con más detalle en el libro Los muertos no hablan, de Paco Gómez Nadal, quien escribe en este mismo blog sobre otro lugar del Chocó.

"Haga un libro con eso, o un artículo, o lo que quiera, porque nadie nos ha querido escuchar", comentó el hombre de la Procuraduría.

Seguimos hablando y finalmente no me quedé con los documentos porque, en un arranque de responsabilidad ciudadana que hoy no me perdono, no consideré prudente quedarme con una copia de una investigación de esas características.

Además, pensé que con lo que publiqué seguro ya estaba 'caliente', como dicen los pelaos de las bandas de Medellín sobre quien se mete en problemas muy serios.

Saliendo de la Procuraduría, pasadas las 6 de la tarde, me llamó con urgencia Javier Arboleda, un gran periodista y compañero de mi sección, a decirme que me fuera rápido para el periódico.
- ¿Por qué, qué pasó?
Él me respondió simplemente: "Juan, venga que le llegó una carta".
- ¿Carta de quién?
- De esos manes…
No había nada más que decir: ya me había 'calentado'.

Todo esto fue en Medellín, en septiembre de 1999.

El terror siguió y sigue en el Atrato Medio con la muerte y la humillación como banderas. Aún hoy, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y las propias comunidades de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó continúan denunciando las presiones de paramilitares, algunos con apoyo de unidades del Ejército colombiano, para que siembren palma africana en unas tierras que, aunque suyas, reclama como propias un sujeto del que sólo conocen el alias.

"El problema de esos negros es que están con las mejores tierras del país, lo vamos arreglar como sabemos, el gobierno no ha logrado hacer lo que tenía que hacer, solo las alianzas empresariales, pero no más", fue una de las amenazas proferidas el 10 de diciembre pasado contra los nativos de la zona, según denunció la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Por eso hoy, 6 años después de esa historia, no me sorprende para nada que la Fiscalía haya encontrado en gavetas dentro de unas oficinas de la propia Fiscalía, en Bogotá, 28 paquetes de pruebas contra narcotraficantes y paramilitares. Documentos que según reveló el diario El Tiempo (6 de marzo de 2006) estaban "inactivos" desde 2004, es decir, no se habían usado en procesos judiciales.

Investigaciones hechas, con las pruebas listas, seguramente hay muchas por el estilo durmiendo el sueño de la impunidad en juzgados, fiscalías, contralorías y procuradurías del país. Como esas de los 28 paquetes de Bogotá que se acaban de 'descubrir' o la que contaba las atrocidades del Chocó y que un funcionario desengañado del que jamás volví a saber, estaba a punto de regalar.

18 de febrero de 2006

La inamovible silla de don Valois


Esta es una colaboración para este blog de un excelente periodista y amigo

Por Paco Gómez Nadal
fgomez@prensa.com

Alonso Valois no es de Juradó, pero un día hace 26 años plantó su vida en la calle principal del “pueblo más bonito” de la costa pacífica colombiana limítrofe con Panamá. Al rellano de su casa saca su silla plástica en las tardes para ver pasar la vida... y la muerte.

Nunca ha movido su silla, ni su vida. Ha resistido todo y habla sin temor de todo. No se movió ni un centímetro durante las tomas guerrilleras de 1992 y 1999 -esta última liderada por un ya asesinado ex miembro de las Fuerzas de Defensa panameñas conocido como 'El pana'-; ni cuando los paramilitares ejecutaron a algo más de 50 personas en 1997; ni cuando ese mismo grupo asesinó al líder indígena Armando Achito en diciembre de 2000; ni cuando, a 100 metros de su casa, guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ajusticiaron al alcalde Henry Perea, al pie del ruinoso Palacio Municipal, ni ahora, que ve cómo “el pueblo está sumergido en un estado de rapiña”.

Ejército de ocupación
“Estamos abandonados. Sí, hay mucha tropa del Ejército y de la Policía, pero estamos más inseguros que nunca, porque está regada. Es un Ejército de ocupación que ni siquiera nos permite el paso al cementerio para enterrar a los muertos”, refunfuña este hombre que, a pesar de la falta de motivos, sigue riéndose del destino adverso de este poblado.

La cicatriz más profunda que sangra entre los algo más de 2.500 habitantes de Juradó es la de la guerra. “Aquí hay como un rencor en la gente, como una violencia en todos que hace muy complicado salir de donde estamos”, se lamenta la recién estrenada alcaldesa de Juradó, Jenny Lucía Rivas, la octava en año y medio que ocupa un cargo salpicado por la corrupción y el descrédito, y desde el que se gestiona la bancarrota del municipio que una vez fue próspero a punta de caoba.

Juradó tenía siete corregimientos, además de la cabecera municipal, pero ya solo resiste Punta Ardita, con sus 45 atemorizados y atrapados habitantes en la nada. Los demás se han ido vaciando, desde que la guerra se instaló en la región a mediados de los 90.

Hoy, la única fuente de empleo es el municipio sin fondos para emplear, dos pequeñas empresas madereras que se han resistido al cierre, una veintena de cantinas y, por supuesto, la droga. Las benditas pacas que recalan en las playas cercanas y que hacen ricos por unos días a los que las encuentran y tienen suerte de no ser asaltados o retaliados.

Miedo a un ataque
Los rumores dicen que la guerrilla de las Farc va a volver al pueblo y la esperanza es que el cordón de seguridad militar implantado por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la evite.

Una brigada móvil contraguerrilla patrulla permanentemente la frontera y los alrededores del pueblo, aunque la realidad es que el problema no está controlado. “¿Qué hacen aquí?, ¿saben que la gente de este pueblo es bien huraña?, ¿tienen claro que este es un corredor de la guerrilla?”, espeta al equipo de La Prensa [diario panameño] el teniente de guardia en el amurallado puesto de la Policía.

La contundencia del mando policial es la que también muestran los habitantes, acostumbrados a no hablar con desconocidos. “Aquí todo el mundo tiene miedo, hay orejas de todos. Aquí mismo hay guerrilleros infiltrados y hablar tiene precio”, explica un colono de otras tierras que juega la baza de la economía de frontera.

Hay otros que son más optimistas y que creen que si no fuera por los políticos, Juradó levantaría cabeza. “Gracias a Uribe las cosas han cambiado, lo que pasa es que la gente no quiere entender”, defiende Walter Moreno, secretario de planeación municipal y propietario de varios negocios.

Los conflictos son múltiples acá. Entre uribistas y antiuribistas; entre militaristas y los que no aguantan un camuflado más; entre los que transan con el narco y los que claman por valores, y entre los indígenas y los afrodescendientes. “Para los negros, todos nosotros somos colaboradores de la guerrilla”, se queja un maestro emberá. “Los indios se han quedado con nuestra madera”, responde un trabajador negro. En el fondo, la pelea es por saber quién tiene la escalera para salir de esta trampa. Don Valois, sin embargo, asegura que él morirá en Juradó y de muerte natural. “Yo no le debo nada a nadie”.

11 de febrero de 2006

En juego periodismo, elecciones y mapas políticos en el Nororiente colombiano (1ª parte)



Este trabajo fue elaborado para la Corporación Medios para la Paz y hace parte de un informe especial que analiza la situación de la prensa en varias regiones de Colombia de cara a las elecciones de 2006 (está en www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2420) La presente versión es más extensa que la de esa página web.

Por Linsu Fonseca y Juan Gonzalo Betancur

Como en todo el país, los periodistas del Nororiente colombiano serán testigos de primera línea y estarán informando sobre las elecciones para Congreso y Presidencia de la República, hechos que coparán buena parte de la agenda informativa del año. Pero aquí tienen una particularidad y es que está en juego el fortalecimiento o no de un fenómeno evidenciado en los pasados comicios de 2003: la transformación en la distribución del poder político en toda la región.

Según diversos analistas, en esta parte del país ello empezó a significar una pérdida de importancia de los partidos tradicionales, la aparición de nuevas fuerzas electorales y la que muchos llaman, desde hace varios meses, notable incidencia de los grupos paramilitares en el debate político y, por ende, en la búsqueda de presencia directa en los órganos de dirección del Estado.

Esta es una región grande desde el punto de vista geográfico pues comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca y las subregiones del Magdalena Medio –incluyendo el conflictivo sur de Bolívar– y el sur del Cesar.

Una zona muy importante desde el punto de vista geoestratégico por su ubicación como sitio de paso hacia otras regiones del país y por los recursos naturales y sistemas productivos que tiene.

En la economía legal, aquí se ubican las principales áreas de extracción y refinación de petróleo, importantes yacimientos de oro y platino, y una fuerte industria agrícola y ganadera. En las economías ilícitas, robo de gasolina de poliductos, ingreso ilegal de combustibles desde Venezuela, tráfico de armas, plantaciones de coca y lavado de activos.

Además, históricamente el Nororiente ha sido clave dentro del desarrollo del conflicto armado y a partir de la expansión del mismo más allá de las fronteras nacionales, fundamental para las relaciones internacionales del Estado colombiano dado que es área limítrofe con Venezuela.

El factor quizá más complejo dentro de la dinámica política actual es, idéntico a como se ha venido denunciando en diferentes partes del país en las últimas semanas, la incidencia que tendrá el paramilitarismo en las próximas elecciones. Sin embargo, en el Nororiente esta situación no es nueva y de ella se ha hablado en diferentes momentos.

El informe “Obstinación con la guerra – Conflicto armado y crisis de derechos humanos en el Nororiente” (de la organización no gubernamental Corporación Compromiso) que analizó la situación presentada durante el primer semestre de 2005, metió el dedo en la llaga el año pasado. Explicó de la siguiente forma el contexto político de la región (Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos, 2005: 100-101):

“El mapa pos-electoral de los departamentos sufrió cambios importantes y preocupantes. Para las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales en 2003, la correlación geopolítico-militar favorable a las autodefensas que controlaban la mayoría de cabeceras municipales de los municipios del nororiente y el Cesar, incidió de manera determinante en la aparición de nuevos partidos y movimientos que desplazaron el predominio de conservadores y liberales.
Los candidatos a alcaldías, concejos y asambleas en representación de territorios con presencia militar dominante de las autodefensas, terminaron por ceder a alianzas y presiones de este grupo armado. En efecto, en el Cesar terminaron por imponer un candidato único a la gobernación y la mayoría de las alcaldías. En Santander impusieron una alianza contra los partidos tradicionales. Para Norte de Santander, las alcaldías del área metropolitana de Cúcuta fueron arrebatadas al Partido Liberal y en más de la mitad de los municipios los conservadores fueron desplazados por candidatos y movimientos presionados u organizados por este grupo.
(…) En el panorama político podemos encontrar varias posiciones encontradas, por un lado están los movimientos políticos de izquierda democrática (minoritarios) que rechazan de manera categórica cualquier tipo de vinculación con los grupos paramilitares, como el Polo Democrático Independiente y el Moir; dentro de los partidos tradicionales encontramos que por sectores y dependiendo de factores territoriales se llega a acuerdos de gobernabilidad con estos grupos. No se presenta un copamiento total de la ultraderecha armada hacia los partidos tradicionales, pero sí tienen una marcada influencia”.

En medio de ese complejo ajedrez político y del debate electoral que se viene, en el cual unos lucharán por fortalecer esa tendencia y otros por neutralizarla, aquí, como en todo el mundo, los medios masivos y los periodistas son, igual que los electores, elementos en disputa para todos los aspirantes a cargos de elección popular. Porque, como se ha dicho en muchas ocasiones, se han convertido en la nueva tribuna para hacer política.

“La tendencia mundial es a la mediatización de las campañas políticas, en reemplazo del antiguo esquema de hacer discursos en plazas públicas, y mucho más en Colombia, donde el riesgo que representa para los candidatos movilizarse por el territorio nacional los obliga, con frecuencia, a divulgar sus programas a través de la radio, la prensa, la televisión y hasta Internet” (Grupo de Investigación Área de Periodismo, 2002: 11).

La situación es más compleja aún para un periodismo comprometido con la información de calidad debido a varios elementos de orden empresarial, de lógica de financiación de los medios y de posiciones personales de los periodistas que, sin duda, volverán a plantear el debate nunca acabado del papel que juega la prensa en unas elecciones como las que vienen.

Contexto histórico del conflicto armado en la región (2a. parte)



La brújula de la guerra en Colombia siempre ha pasado por el Nororiente y todos los grupos armados han jugado su papel en los procesos electorales bien sea por la intimidación a candidatos y comunidades, la prohibición que en distintos momentos han hecho de realizar elecciones, la presión a electores, la quema de urnas (aunque en menor medida) así como por su influencia en las administraciones públicas, en particular de municipios, por medio de aliados o colaboradores.

Tal influencia, que algunos teóricos han denominado ‘clientelismo armado’, les ha permitido incidir en el manejo de regalías, en las transferencias que efectúa la Nación y en la ejecución de obras públicas tanto municipales como departamentales.

Las Farc
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) estuvieron presentes desde muy temprano en el Nororiente del país, desde los años 60 y 70:

“En el Magdalena Medio, parte de las guerrillas liberales de los años 50 se habían inclinado hacia las Farc; así, ya en 1964 éstas fundaron su 4º Frente, con bases en Puerto Boyacá, Cimitarra, Landázuri, San Vicente de Chucurí, Yondó y otros municipios. A partir de estos inicios, la búsqueda de más recursos o ‘impuestos de guerra’ sobre la ganadería y la minería aurífera llevó a las Farc a expandirse hacia el Bajo Cauca antioqueño, para crear un corredor de paso hacia el sur de Córdoba y Urabá. Igualmente extendieron su influencia en un corredor hacia el norte, que unió la ruta del sur del Cesar, pasando por Ocaña hacia la región del Catatumbo (Norte de Santander) y el norte del Cesar, hasta terminar en el Magdalena, entre la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada de Santa Marta” (Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003: 51).

Durante los años 90, precisa el mismo informe, y luego de la ocupación de Casa Verde por parte del Ejército, las Farc iniciaron una escalada ofensiva que tuvo uno de sus epicentros en el Magdalena Medio, en la confluencia entre Santander, Antioquia, sur de Bolívar y sur del Cesar.

Entre 1991 y 1997 comenzó a disminuir su presencia en la región, aunque sin desaparecer de ella, en tanto aumentó luego: en “la región del Nororiente, en Norte de Santander y Arauca, la presencia armada de las Farc aumentó notablemente a partir de 1997 hasta llegar al máximo en 2002” (Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003: 53).

El Eln
El Ejército de Liberación Nacional (Eln) está íntimamente vinculado con la zona toda vez que nació en las montañas de San Vicente de Chucurí (Santander) en 1964:

“A finales de los 70 esta guerrilla se extiende hacia el lado occidental del río Magdalena, pasa por el sur de Bolívar y se sitúa en el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueños. La Serranía de San Lucas va a convertirse en su epicentro; es la llamada ‘Sierra Maestra de Colombia’, que entre el Magdalena Medio y el Bajo Cauca es el eje del control sobre el Noroccidente colombiano. Al eje horizontal formado entre Santander y Antioquia, que se apoya en la Serranía de San Lucas, se añade el eje vertical de la frontera con Venezuela, que une a Norte de Santander con el Cesar y Arauca. Estas regiones coinciden con la geografía del petróleo y del carbón, de los cuales el Eln ha obtenido sus principales rentas. Ambos ejes configuran el eje histórico donde este grupo tiene más arraigo entre la población campesina, formada en su mayoría por colonos y trabajadores migrantes” (Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2003: 56).

Durante los últimos 15 años, dice el informe en mención, la actividad de esta guerrilla se ha sostenido con regularidad en Norte de Santander, Cesar y Arauca, en buena parte de la frontera con Venezuela y en el Magdalena Medio antioqueño y santandereano.

Otras guerrillas
El Ejército Popular de Liberación (Epl) nunca tuvo una presencia fuerte en el Nororiente, aunque apareció a finales de la década del 70 con estructuras ligadas inicialmente a las organizaciones sindicales de Barrancabermeja y, más tarde, con comandos guerrilleros urbanos (Duque, 1996: 10).

Un grupo que no se desmovilizó con el grueso de esa organización en 1991 continuó operando en la zona donde confluyen los departamentos de Santander, Cesar y Norte de Santander, y ha sido duramente perseguido por el Ejército Nacional. Tanto la fuerza pública como el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República coinciden en que hoy está bastante disminuida su capacidad y en que tiene alrededor de 45 integrantes, quienes se dedican más a actos de delincuencia que a trabajo político.

Del mismo modo, en el sur de Bolívar opera el Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp), que nació en 1988 como disidencia del Eln. En la actualidad se le calculan unos 70 miembros, que igualmente se han dedicado más a la extorsión y, en general, a la delincuencia común.

Autodefensas y paramilitares
Los orígenes de las autodefensas de extrema derecha que hoy existen y su constante vinculación con el narcotráfico se ubican igualmente en esta región del país. Su antecedente inmediato fue el grupo Muerte a Secuestradores (Mas), creado en 1982 por el Cartel de Medellín para atacar a guerrilleros y a sus familias, pero que luego se volvió un brazo armado de narcotraficantes que empezaron a adquirir grandes extensiones de tierra en el Magdalena Medio antioqueño y santandereano.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (2003: 59-60), explica:
“Aunque en principio fue financiado básicamente por traficantes asociados al Cartel de Medellín, el paramilitarismo recibió apoyo de distintos sectores: otros grupos de narcotraficantes; empresarios mineros, en especial esmeralderos; grandes o medianos terratenientes y comerciantes de distintas regiones; dirigentes políticos y algunos integrantes de la fuerza pública. Esta variedad de orígenes, motivaciones y alianzas se refleja en la diversidad de dinámicas locales:
- En el Magdalena Medio se dieron grupos, como el de Puerto Boyacá, inicialmente concebidos como autodefensa de ganaderos ante la extorsión de las Farc; otros surgieron con el propósito de extirpar la guerrilla y sus presuntos colaboradores, a veces en coordinación con mandos locales de la fuerza pública, y otros más defendían tierras compradas por los narcotraficantes ante eventuales invasiones campesinas. Hacia mediados de los 80, los grupos creados en Yacopí, Puerto Boyacá, Puerto Berrío y Cimitarra adquirieron un carácter realmente ofensivo con el apoyo de narcotraficantes y esmeralderos que habían comprado enormes extensiones de tierra. Entre la segunda mitad de los 80 y la primera de los 90, las autodefensas golpearon en buena parte del centro y norte de la región, sobre todo en municipios de Antioquia y Santander, y especialmente en San Vicente de Chucurí y El Carmen. Desde entonces se han concentrado en el sur del Cesar, sur de Bolívar, Puerto Wilches, Sabana de Torres (Santander) y Yondó (Antioquia)”.
- (…) “En 1996, siete de los principales grupos de origen terrateniente se federaron bajo las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) que desplegaron gran iniciativa y expandieron su fuerza a importantes regiones con presencia guerrillera. Las Auc lograron cortar los corredores que comunicaban al Magdalena Medio con Urabá y en 2001 expulsaron al Eln de Barrancabermeja, mermando su influencia en la región”.

Dentro del proceso de negociación adelantado con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se han desmovilizado en el Nororiente: el Bloque Catatumbo, la mayor parte del Bloque Central Bolívar (el más grande grupo paramilitar del país), las Autodefensas de Puerto Boyacá, las Autodefensas de Ramón Isaza y se anunció para antes de las elecciones de marzo las del grupo comandado por alias ‘Jorge 40’, con influencia militar y política, según se dice, en el sur del Cesar y el Catatumbo.

La fuerza pública del Estado
Tal presencia de organizaciones alzadas en armas ha tratado de ser contrarrestada por el Estado con una importante fuerza militar y policial.

El Ejército Nacional tiene como unidad de mando a la Segunda División (considerada una de las unidades operativas ‘insignia’ de la institución), la cual está integrada por la 5ª Brigada, con sede en Bucaramanga; la 30ª Brigada, en Cúcuta; la 18ª Brigada, en Arauca, y las Brigadas Móviles 5 y 15, esta última activada este año para la zona del Catatumbo. Así mismo, cuenta con unidades especiales que operan en toda su jurisdicción: el Plan Meteoro (unidad especializada en la seguridad de las carreteras), el Grupo de Antiexplosivos ‘Marte’ y las agrupaciones de Fuerzas Especiales 7 y 8.

En el Nororiente colombiano hay igualmente tres puestos fluviales de la Armada Nacional, en tanto que la Policía Nacional, encargada básicamente del control de las zonas urbanas, tiene en esta parte del país la Región 5 de Policía, integrada por los departamentos policiales de Santander, Norte de Santander, Arauca, Cesar y el recién creado del Magdalena Medio.

El conflicto armado hoy en el Nororiente (3a. parte)



Al dejar el mando de la 5ª Brigada del Ejército, en diciembre último, su comandante, con una amplia jurisdicción en el Nororiente, manifestó que durante 2004 y 2005 las operaciones más fuertes se concentraron en el Catatumbo y el Sur de Bolívar.

Y que todas las acciones militares en su conjunto permitieron, entre otras cosas, mantener el flujo vehicular por las carreteras de Santander y Norte de Santander, neutralizar los atentados contra la infraestructura vial, reducir los secuestros, asesinatos y extorsiones en ciudades que tenían mayores problemas, evitar las tomas armadas de la guerrilla a poblaciones y garantizar la gobernabilidad al lograr que los 140 alcaldes de los municipios de esa jurisdicción militar pudieran despachar desde sus localidades.

A pesar de ese panorama, algunas situaciones merecen destacarse porque demuestran que la actividad de los grupos armados ilegales sigue siendo alta.

El informe “Obstinación con la guerra – Conflicto armado y crisis de derechos humanos en el Nororiente” (Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos, 2005: 65) explica: “Muchas de las acciones de los grupos armados ilegales y del Estado se han orientado a dificultar el trabajo de las organizaciones sociales, en especial aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, la organización comunitaria y el ejercicio legítimo del sindicalismo”.

El informe coincide con el Ejército en el sentido que se han incrementado las acciones militares del Estado contra los grupos armados ilegales, en particular contra las Farc. Ello ha producido algunas modificaciones en el mapa del conflicto (2005: 99):

“Las autodefensas incrementaron y consolidaron su presencia militar en el sur de Santander, sur de Bolívar, Catatumbo incluyendo Área Metropolitana de Cúcuta, región urbana de la provincia de Soto (Bucaramanga y sus alrededores), la provincia de Pamplona y el corredor de los estados de Apure, Táchira y Zulia, en Venezuela. La presencia y control militar de las autodefensas de y desde los principales centros urbanos en el Nororiente: Área Metropolitana de Cúcuta y Pamplona; Área Metropolitana de Bucaramanga y centros urbanos como Aguachica, Cimitarra, Landázuri, y parte de Barrancabermeja. Los grupos insurgentes de las Farc y el Eln se replegaron a las zonas montañosas de la Serranía del Perijá, El Cocuy y el piedemonte del macizo montañoso aledaño al Cocuy, y la Serranía de San Lucas”.

El conflicto en el Magdalena Medio continúa siendo complejo, como lo reflejan estos elementos extraídos de los informes mensuales que en 2005 presentó el Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI): Algunas zonas continúan en disputa por los diferentes actores armados; el mayor número de homicidios ocurrieron en las 2 ciudades más importantes de la región, Barrancabermeja y Aguachica, consideradas por organizaciones sociales y de derechos humanos como controladas por los paramilitares; la inmensa mayoría de esos crímenes se atribuyó a los paramilitares y algunos tienen que ver con la mal llamada ‘limpieza social’ y con posibles ajustes de cuentas entre miembros del Cartel de la Gasolina, manejado por ellos mismos; en Barrancabermeja continuaron las amenazas de muerte y las ‘listas negras’ que incluyeron a personas de organizaciones sociales, de derechos humanos y del mundo comunitario.

El año pasado, en el Magdalena Medio todos los grupos armados hicieron amenazas individuales o colectivas y fue noviembre el mes más crítico. Ese mes, el Observatorio de Paz Integral dijo: “En lo corrido del año se han registrado 57 combates en el Magdalena Medio, de los cuales 28 tuvieron lugar en el sur de Bolívar”.

La Fundación Seguridad y Democracia aportó elementos adicionales: en Santander, “en municipios con fuerte control de los paramilitares han vuelto los combates contra la guerrilla”. En Norte de Santander las Farc han atacado en regiones antes controladas por el desmovilizado Bloque Catatumbo de las Auc y han ganado algo de espacio que no tenían; en el mismo departamento, “luego de la desmovilización del Bloque Catatumbo se ha dado una fuerte disputa por los recursos derivados del contrabando, la venta ilegal de gasolina, el comercio de automóviles traídos de manera ilegal desde Venezuela –buena parte de ellos robados–, que ha comprometido a excombatientes de esta organización”.

En Cúcuta, la presencia armada de paramilitares en barrios fue denunciada por el periódico La Opinión el 27 de enero pasado: “En los últimos meses, por lo menos 15 serenos (celadores de barrio) y dirigentes comunales han sido asesinados en la capital de Norte de Santander. Otros 2 líderes comunales están amenazados (…) Investigaciones efectuadas por la Fundación Progresar han permitido establecer que los ‘paras’ retornaron a los barrios La Concordia, El Porvenir, El Trigal, Toledo Plata y Caño Limón”.

Entre tanto, en Arauca la guerrilla ha continuado con acciones de sabotaje de magnitud como la voladura de torres de energía y los llamados ‘paros armados’ que afectan el transporte y el suministro de alimentos y combustible. También se siguen presentando retenes en vías y la activación de explosivos.

Aún todo este panorama, mirado en su conjunto el Nororiente colombiano, han bajado los homicidios y secuestros.

El panorama político actual (4a. parte)



Varios análisis coinciden en que la transformación en la distribución territorial del poder político comenzó unos años atrás en zonas muy marcadas. El siguiente es el mapa político actual por departamento de cara a las próximas elecciones.

Santander: nuevos clientelismos y partidos tradicionales
Las dos tendencias políticas más fuertes son Convergencia Ciudadana y la Anapo (Alianza Nacional Popular). Sobre la primera, el analista Julio César Acelas explica que es una confederación de electorados liberales y conservadores de todo tipo, de todo origen y de la más múltiple orientación (Acelas es magíster en ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y director del Observatorio de Derechos Humanos del departamento, proyecto coordinado por la UIS).

Desde las pasadas elecciones han circulado denuncias que advierten que sectores de Convergencia han llegado a acuerdos con grupos armados del Magdalena Medio y que una prueba de ello es que en esas elecciones consiguieron votos en sitios donde no se creía que tenían poder electoral, lugares que coinciden con la presencia de las autodefensas.

Ante tales acusaciones, los dirigentes del movimiento han manifestado que esas versiones son irresponsables, no son ciertas y que no convienen en un clima político tan caldeado como el que se vive, menos por la situación de violencia del país.

Del mismo modo, dirigentes de renombre nacional, como el ex presidente César Gaviria, han manifestado su inquietud porque consideran que Convergencia Ciudadana maneja mucho dinero en su campaña y que eso merece ser investigado. Los imputados responden que el dinero es producto de préstamos bancarios y que se pagarán una vez el Estado haga la reposición económica respectiva por los votos conseguidos.

Independiente de tales polémicas, lo cierto es que Convergencia, aparte de ser la mayor fuerza electoral del departamento, se propuso volverse un movimiento nacional y ya tiene seccionales en otras regiones.

La Anapo, como dice el politólogo, “terminó armado una confederación a la que llegaron liberales y conservadores. Tiene un discurso basado en lo social y su mérito fue que por primera vez puso en la mesa el tema de la exclusión social. Por eso en los sectores populares tiene gran acogida”.

Julio Acelas dice que el Partido Liberal está dividido y que ha venido perdiendo muchos apoyos electorales, en especial en el Magdalena Medio, donde era fuerte, ante el avance de Convergencia Ciudadana.

También explica que en el Partido Conservador está siendo desplazado por el ‘uribismo’ debido a su cercanía ideológica y a los acuerdos a los que ha llegado a nivel nacional esa colectividad. Y define a Cambio Radical y al Partido de la U en Santander como fuerzas que recogen viejas estructuras liberales y conservadoras. “Estas nuevas casas ‘uribistas’ lo que hacen es recomponer y recoger algunos liderazgos políticos de la región”, concluye.

Norte de Santander: la sombra del paramilitarismo
“La influencia de los grupos paramilitares es clara desde mayo de 1999 con su llegada al Catatumbo y al Área Metropolitana de Cúcuta”. La afirmación es del analista político Heráclito Landínez, consultor independiente con amplia experiencia en el estudio de temas de lo público en Norte de Santander.

Según él, tal influencia se percibe hasta por hechos de violencia política ocurridos en los últimos meses: “Se han presentado asesinatos de miembros de sectores de izquierda, líderes sociales y han amenazado a gente de organizaciones no gubernamentales del departamento”.

El analista piensa que en las próximas elecciones puede haber incidencia de los paramilitares: “Esa influencia, según estudios de la Fundación Progresar –sede Norte de Santander- se da de desmovilizados que formaron pequeños grupos que operan en el Área Metropolitana de Cúcuta, Puerto Santander y por la incidencia del grupo de ‘Jorge 40’ en el sur de Cesar y en la Provincia de Ocaña”.

Según él, otro elemento puede incidir en las elecciones: el narcotráfico. “Por ser frontera y siendo el Catatumbo la segunda zona productora de hoja de coca del país, hay grandes capitales del narcotráfico que se pueden inmiscuir en la política. Además de lo que se suma producto del contrabando de gasolina, armas y en últimas de todos los negocios ilícitos que se relacionan con la frontera”.

Landínez dice que el departamento está entre dos polos políticos claramente diferenciados. Por un lado los movimientos agrupados alrededor del alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, y por el otro los que están en la oposición. El primero es un bloque compacto en el que se encuentran los partidos ‘uribistas’, mientras el segundo es muy disperso compuesto por organizaciones populares, representantes de la izquierda, algunas organizaciones no gubernamentales, el Partido Liberal y un sector del Partido Conservador.

En el bloque del alcalde está Colombia Viva –que llevó a Suárez al poder- de gran importancia en Norte de Santander. “Ahora todo ese movimiento se ha pasado al Partido de la U”. Colombia Viva, además, tiene presencia en Córdoba, Sucre, Magdalena y el sur del Cesar.

El alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, fue detenido por la Fiscalía General de la Nación el 29 de junio de 2004. Lo privó de la libertad por lo siguiente, según boletín oficial del ente acusador: “De acuerdo con la investigación, Ramiro Suárez, en su condición de candidato a la Alcaldía de Cúcuta, sostuvo reuniones y comunicaciones telefónicas con miembros de un grupo ilegal de autodefensas que opera en Norte de Santander. En esos encuentros el acusado ofreció su apoyo a la organización al margen de la ley”. Sin embargo, la investigación se cerró por falta de pruebas y fue dejado en libertad en abril de 2005.

En la oposición están el Partido Liberal y movimientos agrupados en el Polo Democrático Alternativo. También sindicatos, organizaciones no gubernamentales que trabajan por los derechos humanos y sectores estudiantiles de Cúcuta. Sobre el Partido Conservador, el analista afirma que, igual que en otros sitios del país, “se siente muy representado en la ideología que representa el presidente Uribe”.

Arauca, un ambiente ‘atípico’
Hasta finales de enero de 2006 el convulsionado departamento de Arauca vivía una tranquilidad como pocas veces se había visto en época preelectoral. Aún así, esa calma no es garantía de que haya libertad para expresarse. Un analista consultado, experto en materia política y considerado por muchos en la capital del departamento como independiente frente a los partidos, habló del momento actual con la condición que no se diera a conocer su nombre ni se entregaran más datos sobre él.

“Arauca naturalmente es liberal, pero el que más opción tiene como movimiento es Cambio Radical, al cual pertenece el gobernador Julio Enrique Acosta Bernal. Otro que tiene mucha acogida es el Partido de la U”, explica. Y aclara que ambas fuerzas están conformadas básicamente por cuadros directivos provenientes del liberalismo.

Ve al partido Liberal en un bajón y lo atribuye a las consecuencias de un fenómeno ocurrido hace varios años como fue la influencia de la guerrilla en los movimientos políticos. “En determinado momento histórico algunos liberales se dejaron absorber por el Eln. Ellos no aparecían con nombre propio, aparecían como liberales pero se sabía que en su estructura interna tenían nexos con la guerrilla y fueron dejando a otra gente afuera”. Eso, según su punto de vista, generó una división y muchos dirigentes armaron tolda aparte o se adhirieron a otras corrientes políticas.

“El Partido Conservador no lanza candidato pues es una fuerza minoritaria que casi siempre se une al candidato de más opción a cambio de prebendas burocráticas”. Sobre el Partido Comunista cuenta que está muy diezmado y que para esta contienda sólo tiene un candidato que ha estado opacado en la escena política.

“El ambiente está demasiado calmado. En otras elecciones ya por esta época habían matado gente. Todavía no hay un solo afiche en la calle”, explica extrañado sobre la situación hasta finales de enero.

“En 2002 esto estaba ‘elenizado’ y sin embargo ganó Uribe, que ni siquiera vino a Arauca; nadie le hizo campaña porque el que lo hiciera lo mataban. Pero por ser Arauca de tanta controversia de orden público, ganó. Para las presidenciales Uribe es el de mayor tendencia”, concluye.

Las angustias de la prensa (5a. parte)



Todo este complejo panorama de orden público rodea de manera peligrosa al ejercicio del periodismo en el Nororiente colombiano. Pero eso tampoco es nuevo en esta parte del país.

En 2002, un artículo en una publicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga denunció (Correa 2002: 57): “En marzo de este año, cuando se llevaba a cabo el proceso previo a las elecciones para el Congreso, nuevamente algunos comunicadores dialogaron sobre la difícil situación que han enfrentado para el cubrimiento de la información política, por las restricciones e incluso amenazas recibidas por parte de los grupos armados en conflicto, interesados en que no se les dieran espacios noticiosos a determinados candidatos que no eran de su agrado o conveniencia”.

Una situación nada fácil a la que hay que sumar problemas como las políticas informativas propias de cada medio, los esquemas de sostenimiento económico de numerosas empresas informativas y las posturas éticas de cada periodista a título personal.

“Los problemas del periodismo van mucho más allá de las limitantes que puedan plantear los actores del conflicto armado. Obviamente la situación de orden público es un factor adverso, igual que la presión abierta y descarada que todos ellos ejercen sobre los periodistas, pero en la mala información que los reporteros emiten también hay una responsabilidad muy grande de ellos mismos, resultado en algunos casos de un desconocimiento de los principios fundamentales e innegables de la profesión, una falta de mayor compromiso con su ejercicio profesional y una ausencia casi total de mecanismos de veeduría gremial o ciudadana sobre la información que emiten, entre otros aspectos”. Así se explicó en el informe final del Observatorio de Medios del diplomado ‘Periodismo responsable en el conflicto armado’, organizado entre 2004 y 2005 por varias entidades, entre ellas Medios para la Paz, para periodistas del Magdalena Medio.

Sin desconocer la existencia en todo el Nororiente de medios y de muchos periodistas que hacen su trabajo en forma honesta, hay que denunciar las situaciones que han llevado a la prensa a asumir roles que afectan la buena calidad de la información:

Tergiversación en los conceptos de agenda informativa e información política
Un primer asunto de fondo es qué se entiende por información política, por información electoral y por la agenda informativa que tenga el medio frente a un proceso como en el que estamos. Juan Carlos Gutiérrez, periodista del diario Vanguardia Liberal, describe así este problema que, si bien no se puede generalizar en todos los medios, si afecta a la gran mayoría:

Aquí no hay análisis. Los periodistas lo que están haciendo es replicando la información, llevando de un lado para otro. La estructura de los informativos está más basada en la lectura de comunicados de prensa, en las preguntas que carecen de contra preguntas y de investigación que de un verdadero análisis. En últimas el receptor de la información recibe poco contenido. Lo que hacen los medios es mostrar nombres, más no propuestas. No confrontan esas propuestas. Si usted le pregunta a cualquier periodista qué tantos politólogos o analistas incluye su información, encontrará que van de cero a uno o dos. El análisis permite ir más allá del simple ruido, de la imagen. Rescato que la televisión regional alguna vez intentó hacer debate, cuando las elecciones de Floridablanca hace un par de años, pero se quedó en el intento”.

Presiones y amenazas para silenciar
Vienen de todos lados y no solamente en época preelectoral, como comenta monseñor Jaime Prieto, obispo de la Diócesis de Barrancabermeja (Cinep & Credhos, 2004: 237): “Existen presiones políticas, existe presión de los mismos medios, existe presión de los grupos ilegales, que hace que muchas veces la mordaza se vaya colocando cada vez más dentro de los medios”.

Históricamente, en el Nororiente las mayores presiones para silenciar han estado en Arauca, Barrancabermeja y últimamente Cúcuta. El informe “Cúcuta: la prensa colombiana al cruce de los peligros” (de 2005), dijo que “al menos 8 emisoras, 2 canales de televisión, una revista y el único diario trabajan bajo presión”. El reporte fue realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el Proyecto Antonio Nariño, el Instituto de Prensa y Sociedad (Perú), Internacional Media Support (Dinamarca) y Reporteros Sin Fronteras (Suecia y Francia).

Esta misión se creó porque durante 2004 hubo en la capital de Norte de Santander 8 de las 38 amenazas de muerte contabilizadas contra periodistas en Colombia y tras el asesinato, el 11 de enero de 2005, en la misma ciudad, de Julio Palacios Sánchez, de Radio Lemas. “Varios periodistas tuvieron que dejar de trabajar y marcharse de la región. Otros, decididos a permanecer allí, se doblegan a la autocensura, para protegerse”, dijo Reporteros sin Fronteras.

En su informe “Amenazas, autocensura y conflicto armado. Balance de la libertad de prensa de Colombia 2005”, la Asociación Democrática para la Defensa de los Derechos Humanos (Asdeh) precisó que en la región oriental de Colombia se denunciaron el año pasado 8 amenazas contra periodistas “6 de ellas sin identificar a los responsables: 1 provino de los grupos paramilitares contra el periodista Edwin Moreno, del municipio de Tame (Arauca), por el cubrimiento que hacía del proceso de revocatoria del mandato del alcalde local. La otra fue emitida por las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) contra todos los periodistas de la Provincia de Ocaña, en Norte de Santander. A través de esta amenaza, las Farc reclamaban espacio en los medios con el mismo despliegue en que se difundía la propaganda estatal”.

Sobre el primer caso, la Fundación para la Libertad de Prensa (2005) relató que el periodista de la emisora Tame Estéreo, Edwin Alberto Moreno Mojica, tuvo que abandonar Arauca por amenazas. Al parecer, ellas tenían relación con el amplio cubrimiento que en el informativo que él conducía se le daba a un movimiento ciudadano ‘Dignidad por Tame’ que buscaba la revocatoria del mandato del alcalde local. Dos concejales, dos políticos y un líder comunitario tuvieron que salir de la región por el mismo motivo. La Flip pudo constatar que desde la salida de estas 6 personas el movimiento ciudadano no ha vuelto a hacer manifestaciones públicas y ha bajado su nivel protagónico.

En la actual época preelectoral no se han presentado denuncias públicas de amenazas contra periodistas por hechos ligados en forma directa con el cubrimiento de la campaña política.

Sí se intimidó a dos periodistas pero por situaciones que al parecer tienen que ver más con el cubrimiento de informaciones de conflicto armado y de criminalidad común: Jenny Manrique, del diario Vanguardia Liberal en Bucaramanga, quien tuvo que dejar el país en la tercera semana de enero de 2006, y Diro César González Tejada, director del periódico La Tarde, de Barrancabermeja, amenazado a mitad de enero.

La autocensura
Es una consecuencia directa de las presiones y las amenazas. El informe mencionado sobre Cúcuta dijo (Reporteros sin Fronteras, 2005): “La mayor parte de los periodistas entrevistados concuerdan en que ciertos temas, aunque son de conocimiento público, son vedados o tratados de manera muy superficial. Los temas de narcotráfico, corrupción y contrabando de gasolina, que diariamente afectan la vida de los habitantes de la capital del Norte de Santander, son de los más delicados y de los que menos se informa”.

Esa situación continúa hoy y temas que se hablan en la calle en voz baja relacionados con la presunta vinculación política-actores armados-narcotráfico en esta campaña, no son tocados de manera directa por la prensa ni en Cúcuta ni en otras ciudades de la región. Se habla de ellos a través de los puntos de vista que sobre el asunto tienen líderes de opinión, básicamente políticos (algunos con fines presumiblemente electoreros), y no por análisis o investigaciones surgidas por iniciativa de los propios medios ni por columnistas de prensa.

“Nosotros sabemos que tenemos que autocensurarnos en temas como el orden público y algunos otros que pueden costarnos la vida. En cuanto a la política no hemos tenido que autocensurarnos. En esta campaña se le está dando vía libre a cada uno, sin agresiones, dándole espacio a todos”, comentó un reportero de Arauca.

Autocensura por la Ley de Garantías
Esta norma, expedida por el Congreso en el segundo semestre de 2005 y avalada por la Corte Constitucional, en uno de sus apartes exige a los medios electrónicos (la radio y la televisión) un 'equilibrio informativo' en el cubrimiento de todas las campañas presidenciales y delega en el Consejo Nacional Electoral verificar que eso se esté haciendo.

“Eso ha hecho que los medios se curen en salud y estén muy parcos frente a la información política”, dice Juan Carlos Ordóñez, de Caracol Radio en Cúcuta: “Esto no debiera ser porque parece que no se quiere tener problemas con el mismo Gobierno por el hecho de servir de tribuna a los candidatos y hacer un trabajo profundo sobre los programas que ellos presentan. Se puede interpretar como que la Ley de Garantías ha generado una autocensura en los medios, como que las cosas se traten por encima por miedo a ser sancionados”.

Perversos esquemas de sostenimiento de los medios
El manejo que desde el punto de vista empresarial tienen numerosos medios de comunicación, en especial programas y noticieros de radio distintos a los de las grandes cadenas, así como periódicos pequeños, les generó una dependencia excesiva frente a la clase política.

Esa clase política, metida en la dirección del Estado, en especial administraciones municipales y departamentales, cuenta con generosos presupuestos para publicidad que es vista por cada uno según sus intereses: los medios, como fuente de financiación; los administradores de la cosa pública como mecanismo para entablar relaciones con la prensa que les permitan mejorar su imagen, dar a conocer lo que les conviene o simplemente mantener todo callado.

El periodista Juan Carlos Ordóñez describe así este problema:
“Aquellos periodistas que no son de medios de comunicación como las cadenas radiales o los periódicos nacionales están supeditados a que financien sus espacios o publicaciones con la pauta del orden administrativo local, de los institutos descentralizados, de los mismos políticos. Eso hace que ellos tengan que endosar su independencia frente a ciertos grupos políticos para sobrevivir. Primero para sostener su espacio y segundo para poder comer.
Es una situación triste y lamentable porque no les queda otra alternativa sino venderse al mejor postor o a los pocos postores que hay porque ahora hay escasez. Eso hace que pierdan mucha independencia y que no hagan un análisis objetivo de cómo es la confrontación política y simplemente se conviertan en cajas de resonancia de los políticos de turno”.

De esta manera, la pauta publicitaria se ha convertido también en un mecanismo para ‘premiar’ a los periodistas ‘amigos’, es decir aquellos que publican información favorable a quien paga la pauta, pero también para ‘castigar’, por medio de su no otorgamiento, a aquellos ‘enemigos’, a los críticos con la información.

“Las condiciones laborales son pésimas –comenta un reportero de Arauca-. Los periodistas en un 90% no tienen seguridad social, muchos no tienen una vinculación formal con los medios sino que trabajan por cupos. Tienen que vender publicidad para tener un sueldo. Eso no les permite tener independencia para hacer un buen cubrimiento de la información. Eso es censurarlos y ponerlos a hacer un trabajo sesgado. ¿Cómo quieren que un periodista no se venda y no tenga compromisos por fuera si no le están brindando las oportunidades para que tenga un sueldo digno y una seguridad social para él y su familia?”

La búsqueda de la publicidad política pagada
En la coyuntura electoral actual, la publicidad política se ve también como una oportunidad para obtener recursos adicionales de financiación.

Aunque las cifras de financiación de las campañas son consideradas por todos como secretas, se sabe que este rubro es alto. Como simple acercamiento a tales valores, este par de datos entregados por 2 campañas políticas en 2003 (en realidad pueden ser más altos): una para la Alcaldía de Bucaramanga invirtió 52 millones de pesos en publicidad en prensa, radio y televisión. Otra para la Gobernación de Santander, $155 millones (ambas campañas fueron derrotadas, las ganadoras jamás entregaron sus cifras).

Ese dinero obviamente se quedó en la prensa regional y alguna parte, imposible de conocer, fue pactada bajo la mesa como condición de apoyos a través de la información, según comentarios de los propios periodistas sobre colegas de quienes se dice incurrieron en tal práctica antiética.

Acuerdos de apoyo a las campañas
Otro elemento ligado a lo empresarial tiene que ver con los pactos ocultos que algunos medios –por medio de sus gerentes, directores o periodistas- hacen con dirigentes políticos como apoyo a sus campañas proselitistas.

Tal apoyo puede ser por medio de información, ante lo cual se camuflan como ‘noticia’ hechos meramente propagandísticos de una candidatura, propuestas programáticas sin mucho contenido o declaraciones sin importancia del candidato. Así lo explica una reportera de televisión en Cúcuta: “Hay medios de comunicación donde uno percibe que desde ya van con uno u otro candidato. Eso se ve en lo que escriben y en lo que hablan. Sobre todo como escriben las cosas para hacerle entender a la gente que ese es el candidato por el que deben votar. Esto se ve principalmente en las emisoras que tienen que vender pauta publicitaria para sostener espacios”.

Pero el apoyo también puede ser por medio de publicidad: por ejemplo, para la campaña política de octubre de 2003, el ‘Grupo RCN’ aportó 5 millones de pesos en pauta publicitaria a un candidato a la Alcaldía de Bucaramanga (dicha información la entregó el propio candidato, fue publicada por un periódico local y hasta ahora no ha sido desmentida). Para la actual campaña no se conoce hasta ahora actuaciones similares de éste o de otros medios.

Esos apoyos o el tomar partido con un candidato permiten a los medios que, si gana su aspirante, se tengan asegurados recursos publicitarios por un tiempo como contraprestación ‘por la ayuda brindada’.

La inestabilidad laboral
Los problemas permanentes de financiación de muchos medios, en particular pequeños, han derivado en que haya una alta rotación de los equipos de redacción o a que, en algunos casos, los periodistas acepten fácilmente las ofertas para vincularse como jefes de prensa de cualquiera de las múltiples campañas que por estos días están en marcha.

En aras de un ingreso adicional y una eventual estabilidad en el futuro en caso de que su candidato triunfe, diferentes periodistas han optado por esta vía a costa de jugarse o de renunciar de una vez por todas a la independencia frente al poder político que reclama el deber ser de la profesión.

“Esa es una oportunidad que muchos tienen y aprovechan para tener un ingreso adicional. Generalmente cada político lo hace con el periodista amigo. También se radicaliza el criterio de la información en ese aspecto”, cuenta otro reportero de Arauca.

La información como ‘extorsión’ para lograr pauta
También se han dado casos de otras prácticas contrarias a la ética como ésta que describió en 2003 Luis Emiro Millán, director de RCN radio en Santander, la cual aunque no es generalizada sí se presenta en el Nororiente, como en otros sitios del país (Sandoval, 2003: 28):

“En primer lugar fue culpa de los propios periodistas cuando ellos mismos aceptaron algo que en radio se llama ‘trabajar por cupos’. Los periodistas se dejaron imponer que tenían que trabajarle al medio y aparte de eso vender publicidad. No había ningún nexo de tipo laboral, la empresa no era empleadora directa, no tenía ninguna responsabilidad. Eso hizo que los periodistas empezaran a depender, por ejemplo, de las entidades oficiales y de los dirigentes políticos; entonces se manejaban las relaciones periodísticas con un criterio económico, es decir, le tapaban al político sus malas actuaciones con tal de que le mantuvieran su cupo mensual. Eso dio paso al chantaje y hoy vemos como algunas personas que trabajan en los medios, si quieren obtener provecho económico, sencillamente optan por asediar a un personaje de la vida pública hasta que les da su tajada, su beneficio mediante un cupo de publicidad”.

Ahí hay una práctica nefasta que creció como resultado de políticas empresariales de los mismos dueños de los medios, que degradaron la condición laboral de los trabajadores de la información. Por fortuna es algo reducido y casi ubicado en casos específicos, no en el común de la prensa.

“La nueva generación, los jóvenes que salen de las universidades, no están entrando en ese juego. Los periodistas de las emisoras de a.m. [las ubicadas en la banda de amplitud modulada] pues llevan toda la vida en esto, ‘vacunando’ como ellos dicen, no tuvieron preparación. Los jóvenes tienen una nueva concepción”, comenta Gabriel Angarita, corresponsal de Caracol Televisión en Cúcuta y del canal local Villa TV.

Problemas para ir a cubrir las noticias
La lucha armada en zonas aún en disputa por parte de los actores armados es otra limitante pues impide desplazarse en forma libre. Eso ocurre en Norte de Santander, como explica el reportero Juan Carlos Ordóñez:

“Fue lo que pasó con los ataques que hubo en la carretera a Ocaña y lo que significa ir al Catatumbo. Hay poca disposición de los medios y los periodistas para ir a esas áreas y palpar de primera mano qué es lo que está ocurriendo, si por allá se está haciendo un proceso libre de proselitismo político o si hay coacción. Las zonas de donde salieron las autodefensas se convirtieron en territorios en disputa entre el Ejército y los frentes de las Farc que habían estado al margen por la presencia de las autodefensas y que llegaron con fuerza a retomar el territorio. Eso desde el año pasado es zona auténtica de guerra”.

Sobre el mismo asunto, un periodista de Arauca que pidió mantener la reserva, afirma: “Hay problemas para el desplazamiento de los periodistas para cubrir hechos en todo el departamento. Nosotros, los que tenemos un esquema de seguridad (escoltas del Das) sólo podemos movilizarnos por las zonas del cordón de seguridad. El resto de los hechos los cubrimos a partir de llamadas telefónicas, boletines de prensa e información de las autoridades. Es muy difícil porque uno no puede desplazarse para verificar la información, entonces no sabe qué tan cierto es lo que le están diciendo”.

Proteger la vida impide trabajar
A raíz de las graves amenazas contra los periodistas de Arauca en 2002, que obligaron a la salida de un grupo de ellos a Bogotá, el Estado decidió darles un vehículo y escoltas a los reporteros para que pudieran hacer su trabajo protegidos; pero para algunas cosas, el remedio resultó peor que la enfermedad. Así lo relata uno de esos periodistas:

“El esquema de seguridad en que yo estoy es con el Das. Andan tres escoltas con nosotros, tenemos un vehículo en el que nos movilizamos los 4 periodistas que estamos bajo este esquema. Estos escoltas no le hacen acompañamiento a uno porque ellos son 3 y nosotros 4. Ellos nos dejan en el lugar del cubrimiento y siguen con los otros. En los lugares quedamos vulnerables. Ellos dicen que así es el sistema, que ahí estamos en el cordón de seguridad, pero ya tenemos la experiencia de que a Luis Eduardo Pinino, quien era corresponsal de El Tiempo, lo mataron dentro del cordón de seguridad. Eso es lo que vemos que está fallando. Con los esquemas de seguridad uno llega a un barrio a hacer reportería y ven a los guardaespaldas que nos acompañan y la gente se corre porque creen que son de la ley o de los otros. Uno se sienta a hablar con alguien y todo el mundo es a la expectativa. Es muy difícil hacer periodismo en estas condiciones”.

Epílogo y fuentes consultadas (6a. parte)



Los comicios para escoger nuevo Congreso y posteriormente Presidente de la República serán entonces la ocasión no sólo para que políticos o grupos armados saquen su mejor mano para el juego electoral. Por fortuna, siempre hay y habrá medios y reporteros que trabajan con honestidad y profesionalismo a pesar de las dificultades.

Aún así, en el Nororiente colombiano, como en todo el país, los periodistas como gremio se jugarán también, una vez más, su más preciada carta: la de la credibilidad.

Fuentes

Asociación Democrática para la Defensa de los Derechos Humanos ‘Asdeh’ (2005). Amenazas, autocensura y conflicto armado. Balance de la libertad de prensa de Colombia 2005. Tomado de http://www.asdeh.org/

Cinep & Credhos (2004). Barrancabermeja, la otra versión – Paramilitarismo, control social y desaparición forzada 2000-2003. Bogotá: Banco de Datos Cinep & Credhos.

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Informes tomados de http://www.codhes.org/

Correa Jaramillo, Mary (2002). Los retos para periodistas que cubren el conflicto armado – El caso del Nororiente colombiano. Bucaramanga: Editorial UNAB, Cuadernos de Comunicación 1, 51-73.

Duque Rojas, Ubencel (1996). Aproximación a la realidad del Magdalena Medio. Barrancabermeja: Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Entrevistas con periodistas de Santander, Norte de Santander y Arauca.

Entrevistas con los politólogos Julio César Acelas y Heráclito Landínez.

Fundación Seguridad y Democracia. Informes de coyuntura, trimestrales, tomados de http://www.seguridadydemocracia.org/

Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia (2003). El conflicto, callejón con salida. Bogotá, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Informe de gestión de mando del brigadier general Édgar Ceballos Mendoza, al dejar la comandancia de la Quinta Brigada del Ejército. Diciembre de 2005.

Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos, Corporación para el Desarrollo del Oriente – Compromiso (2005). Obstinación con la guerra – Conflicto armado y crisis de derechos humanos en el Nororiente. Informe de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, I Semestre de 2005 – Región Nororiental de Colombia. Bucaramanga.

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República. Página web www.derechoshumanos.gov.co/index.php?newsecc=observatorio

Observatorio de Medios diplomado ‘Periodismo responsable en el conflicto armado’. Barrancabermeja, septiembre de 2004 - abril de 2005. Medios para la Paz, Programa por la Paz, Universidad Javeriana, Diócesis de Barrancabermeja, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI). Informes mensuales tomados de www.opi.org.co/Principal.htm

Páginas web de la fuerza pública del Estado colombiano
Armada Nacional http://www.armada.mil.co/
Ejército Nacional http://www.ejercito.mil.co/
Policía Nacional http://www.policia.gov.co/

Periódicos El Tiempo, La Opinión, Vanguardia Liberal y 15

Reporteros sin Fronteras (2005) Cúcuta: la prensa colombiana al cruce de los peligros, tomado de www.rsf.org/article.php3?id_article=13148

Revista Semana

Sala de Situación Humanitaria. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de Naciones Unidas. Informes bimensuales tomados de www.colombiassh.org/paginas/home.php

Sandoval Montañez, Javier (2003). Acercamiento al periodismo en Santander. Bucaramanga: Editorial UNAB, Cuadernos de Comunicación 2, 19-43.