11 de febrero de 2006

Las angustias de la prensa (5a. parte)



Todo este complejo panorama de orden público rodea de manera peligrosa al ejercicio del periodismo en el Nororiente colombiano. Pero eso tampoco es nuevo en esta parte del país.

En 2002, un artículo en una publicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga denunció (Correa 2002: 57): “En marzo de este año, cuando se llevaba a cabo el proceso previo a las elecciones para el Congreso, nuevamente algunos comunicadores dialogaron sobre la difícil situación que han enfrentado para el cubrimiento de la información política, por las restricciones e incluso amenazas recibidas por parte de los grupos armados en conflicto, interesados en que no se les dieran espacios noticiosos a determinados candidatos que no eran de su agrado o conveniencia”.

Una situación nada fácil a la que hay que sumar problemas como las políticas informativas propias de cada medio, los esquemas de sostenimiento económico de numerosas empresas informativas y las posturas éticas de cada periodista a título personal.

“Los problemas del periodismo van mucho más allá de las limitantes que puedan plantear los actores del conflicto armado. Obviamente la situación de orden público es un factor adverso, igual que la presión abierta y descarada que todos ellos ejercen sobre los periodistas, pero en la mala información que los reporteros emiten también hay una responsabilidad muy grande de ellos mismos, resultado en algunos casos de un desconocimiento de los principios fundamentales e innegables de la profesión, una falta de mayor compromiso con su ejercicio profesional y una ausencia casi total de mecanismos de veeduría gremial o ciudadana sobre la información que emiten, entre otros aspectos”. Así se explicó en el informe final del Observatorio de Medios del diplomado ‘Periodismo responsable en el conflicto armado’, organizado entre 2004 y 2005 por varias entidades, entre ellas Medios para la Paz, para periodistas del Magdalena Medio.

Sin desconocer la existencia en todo el Nororiente de medios y de muchos periodistas que hacen su trabajo en forma honesta, hay que denunciar las situaciones que han llevado a la prensa a asumir roles que afectan la buena calidad de la información:

Tergiversación en los conceptos de agenda informativa e información política
Un primer asunto de fondo es qué se entiende por información política, por información electoral y por la agenda informativa que tenga el medio frente a un proceso como en el que estamos. Juan Carlos Gutiérrez, periodista del diario Vanguardia Liberal, describe así este problema que, si bien no se puede generalizar en todos los medios, si afecta a la gran mayoría:

Aquí no hay análisis. Los periodistas lo que están haciendo es replicando la información, llevando de un lado para otro. La estructura de los informativos está más basada en la lectura de comunicados de prensa, en las preguntas que carecen de contra preguntas y de investigación que de un verdadero análisis. En últimas el receptor de la información recibe poco contenido. Lo que hacen los medios es mostrar nombres, más no propuestas. No confrontan esas propuestas. Si usted le pregunta a cualquier periodista qué tantos politólogos o analistas incluye su información, encontrará que van de cero a uno o dos. El análisis permite ir más allá del simple ruido, de la imagen. Rescato que la televisión regional alguna vez intentó hacer debate, cuando las elecciones de Floridablanca hace un par de años, pero se quedó en el intento”.

Presiones y amenazas para silenciar
Vienen de todos lados y no solamente en época preelectoral, como comenta monseñor Jaime Prieto, obispo de la Diócesis de Barrancabermeja (Cinep & Credhos, 2004: 237): “Existen presiones políticas, existe presión de los mismos medios, existe presión de los grupos ilegales, que hace que muchas veces la mordaza se vaya colocando cada vez más dentro de los medios”.

Históricamente, en el Nororiente las mayores presiones para silenciar han estado en Arauca, Barrancabermeja y últimamente Cúcuta. El informe “Cúcuta: la prensa colombiana al cruce de los peligros” (de 2005), dijo que “al menos 8 emisoras, 2 canales de televisión, una revista y el único diario trabajan bajo presión”. El reporte fue realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), el Proyecto Antonio Nariño, el Instituto de Prensa y Sociedad (Perú), Internacional Media Support (Dinamarca) y Reporteros Sin Fronteras (Suecia y Francia).

Esta misión se creó porque durante 2004 hubo en la capital de Norte de Santander 8 de las 38 amenazas de muerte contabilizadas contra periodistas en Colombia y tras el asesinato, el 11 de enero de 2005, en la misma ciudad, de Julio Palacios Sánchez, de Radio Lemas. “Varios periodistas tuvieron que dejar de trabajar y marcharse de la región. Otros, decididos a permanecer allí, se doblegan a la autocensura, para protegerse”, dijo Reporteros sin Fronteras.

En su informe “Amenazas, autocensura y conflicto armado. Balance de la libertad de prensa de Colombia 2005”, la Asociación Democrática para la Defensa de los Derechos Humanos (Asdeh) precisó que en la región oriental de Colombia se denunciaron el año pasado 8 amenazas contra periodistas “6 de ellas sin identificar a los responsables: 1 provino de los grupos paramilitares contra el periodista Edwin Moreno, del municipio de Tame (Arauca), por el cubrimiento que hacía del proceso de revocatoria del mandato del alcalde local. La otra fue emitida por las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) contra todos los periodistas de la Provincia de Ocaña, en Norte de Santander. A través de esta amenaza, las Farc reclamaban espacio en los medios con el mismo despliegue en que se difundía la propaganda estatal”.

Sobre el primer caso, la Fundación para la Libertad de Prensa (2005) relató que el periodista de la emisora Tame Estéreo, Edwin Alberto Moreno Mojica, tuvo que abandonar Arauca por amenazas. Al parecer, ellas tenían relación con el amplio cubrimiento que en el informativo que él conducía se le daba a un movimiento ciudadano ‘Dignidad por Tame’ que buscaba la revocatoria del mandato del alcalde local. Dos concejales, dos políticos y un líder comunitario tuvieron que salir de la región por el mismo motivo. La Flip pudo constatar que desde la salida de estas 6 personas el movimiento ciudadano no ha vuelto a hacer manifestaciones públicas y ha bajado su nivel protagónico.

En la actual época preelectoral no se han presentado denuncias públicas de amenazas contra periodistas por hechos ligados en forma directa con el cubrimiento de la campaña política.

Sí se intimidó a dos periodistas pero por situaciones que al parecer tienen que ver más con el cubrimiento de informaciones de conflicto armado y de criminalidad común: Jenny Manrique, del diario Vanguardia Liberal en Bucaramanga, quien tuvo que dejar el país en la tercera semana de enero de 2006, y Diro César González Tejada, director del periódico La Tarde, de Barrancabermeja, amenazado a mitad de enero.

La autocensura
Es una consecuencia directa de las presiones y las amenazas. El informe mencionado sobre Cúcuta dijo (Reporteros sin Fronteras, 2005): “La mayor parte de los periodistas entrevistados concuerdan en que ciertos temas, aunque son de conocimiento público, son vedados o tratados de manera muy superficial. Los temas de narcotráfico, corrupción y contrabando de gasolina, que diariamente afectan la vida de los habitantes de la capital del Norte de Santander, son de los más delicados y de los que menos se informa”.

Esa situación continúa hoy y temas que se hablan en la calle en voz baja relacionados con la presunta vinculación política-actores armados-narcotráfico en esta campaña, no son tocados de manera directa por la prensa ni en Cúcuta ni en otras ciudades de la región. Se habla de ellos a través de los puntos de vista que sobre el asunto tienen líderes de opinión, básicamente políticos (algunos con fines presumiblemente electoreros), y no por análisis o investigaciones surgidas por iniciativa de los propios medios ni por columnistas de prensa.

“Nosotros sabemos que tenemos que autocensurarnos en temas como el orden público y algunos otros que pueden costarnos la vida. En cuanto a la política no hemos tenido que autocensurarnos. En esta campaña se le está dando vía libre a cada uno, sin agresiones, dándole espacio a todos”, comentó un reportero de Arauca.

Autocensura por la Ley de Garantías
Esta norma, expedida por el Congreso en el segundo semestre de 2005 y avalada por la Corte Constitucional, en uno de sus apartes exige a los medios electrónicos (la radio y la televisión) un 'equilibrio informativo' en el cubrimiento de todas las campañas presidenciales y delega en el Consejo Nacional Electoral verificar que eso se esté haciendo.

“Eso ha hecho que los medios se curen en salud y estén muy parcos frente a la información política”, dice Juan Carlos Ordóñez, de Caracol Radio en Cúcuta: “Esto no debiera ser porque parece que no se quiere tener problemas con el mismo Gobierno por el hecho de servir de tribuna a los candidatos y hacer un trabajo profundo sobre los programas que ellos presentan. Se puede interpretar como que la Ley de Garantías ha generado una autocensura en los medios, como que las cosas se traten por encima por miedo a ser sancionados”.

Perversos esquemas de sostenimiento de los medios
El manejo que desde el punto de vista empresarial tienen numerosos medios de comunicación, en especial programas y noticieros de radio distintos a los de las grandes cadenas, así como periódicos pequeños, les generó una dependencia excesiva frente a la clase política.

Esa clase política, metida en la dirección del Estado, en especial administraciones municipales y departamentales, cuenta con generosos presupuestos para publicidad que es vista por cada uno según sus intereses: los medios, como fuente de financiación; los administradores de la cosa pública como mecanismo para entablar relaciones con la prensa que les permitan mejorar su imagen, dar a conocer lo que les conviene o simplemente mantener todo callado.

El periodista Juan Carlos Ordóñez describe así este problema:
“Aquellos periodistas que no son de medios de comunicación como las cadenas radiales o los periódicos nacionales están supeditados a que financien sus espacios o publicaciones con la pauta del orden administrativo local, de los institutos descentralizados, de los mismos políticos. Eso hace que ellos tengan que endosar su independencia frente a ciertos grupos políticos para sobrevivir. Primero para sostener su espacio y segundo para poder comer.
Es una situación triste y lamentable porque no les queda otra alternativa sino venderse al mejor postor o a los pocos postores que hay porque ahora hay escasez. Eso hace que pierdan mucha independencia y que no hagan un análisis objetivo de cómo es la confrontación política y simplemente se conviertan en cajas de resonancia de los políticos de turno”.

De esta manera, la pauta publicitaria se ha convertido también en un mecanismo para ‘premiar’ a los periodistas ‘amigos’, es decir aquellos que publican información favorable a quien paga la pauta, pero también para ‘castigar’, por medio de su no otorgamiento, a aquellos ‘enemigos’, a los críticos con la información.

“Las condiciones laborales son pésimas –comenta un reportero de Arauca-. Los periodistas en un 90% no tienen seguridad social, muchos no tienen una vinculación formal con los medios sino que trabajan por cupos. Tienen que vender publicidad para tener un sueldo. Eso no les permite tener independencia para hacer un buen cubrimiento de la información. Eso es censurarlos y ponerlos a hacer un trabajo sesgado. ¿Cómo quieren que un periodista no se venda y no tenga compromisos por fuera si no le están brindando las oportunidades para que tenga un sueldo digno y una seguridad social para él y su familia?”

La búsqueda de la publicidad política pagada
En la coyuntura electoral actual, la publicidad política se ve también como una oportunidad para obtener recursos adicionales de financiación.

Aunque las cifras de financiación de las campañas son consideradas por todos como secretas, se sabe que este rubro es alto. Como simple acercamiento a tales valores, este par de datos entregados por 2 campañas políticas en 2003 (en realidad pueden ser más altos): una para la Alcaldía de Bucaramanga invirtió 52 millones de pesos en publicidad en prensa, radio y televisión. Otra para la Gobernación de Santander, $155 millones (ambas campañas fueron derrotadas, las ganadoras jamás entregaron sus cifras).

Ese dinero obviamente se quedó en la prensa regional y alguna parte, imposible de conocer, fue pactada bajo la mesa como condición de apoyos a través de la información, según comentarios de los propios periodistas sobre colegas de quienes se dice incurrieron en tal práctica antiética.

Acuerdos de apoyo a las campañas
Otro elemento ligado a lo empresarial tiene que ver con los pactos ocultos que algunos medios –por medio de sus gerentes, directores o periodistas- hacen con dirigentes políticos como apoyo a sus campañas proselitistas.

Tal apoyo puede ser por medio de información, ante lo cual se camuflan como ‘noticia’ hechos meramente propagandísticos de una candidatura, propuestas programáticas sin mucho contenido o declaraciones sin importancia del candidato. Así lo explica una reportera de televisión en Cúcuta: “Hay medios de comunicación donde uno percibe que desde ya van con uno u otro candidato. Eso se ve en lo que escriben y en lo que hablan. Sobre todo como escriben las cosas para hacerle entender a la gente que ese es el candidato por el que deben votar. Esto se ve principalmente en las emisoras que tienen que vender pauta publicitaria para sostener espacios”.

Pero el apoyo también puede ser por medio de publicidad: por ejemplo, para la campaña política de octubre de 2003, el ‘Grupo RCN’ aportó 5 millones de pesos en pauta publicitaria a un candidato a la Alcaldía de Bucaramanga (dicha información la entregó el propio candidato, fue publicada por un periódico local y hasta ahora no ha sido desmentida). Para la actual campaña no se conoce hasta ahora actuaciones similares de éste o de otros medios.

Esos apoyos o el tomar partido con un candidato permiten a los medios que, si gana su aspirante, se tengan asegurados recursos publicitarios por un tiempo como contraprestación ‘por la ayuda brindada’.

La inestabilidad laboral
Los problemas permanentes de financiación de muchos medios, en particular pequeños, han derivado en que haya una alta rotación de los equipos de redacción o a que, en algunos casos, los periodistas acepten fácilmente las ofertas para vincularse como jefes de prensa de cualquiera de las múltiples campañas que por estos días están en marcha.

En aras de un ingreso adicional y una eventual estabilidad en el futuro en caso de que su candidato triunfe, diferentes periodistas han optado por esta vía a costa de jugarse o de renunciar de una vez por todas a la independencia frente al poder político que reclama el deber ser de la profesión.

“Esa es una oportunidad que muchos tienen y aprovechan para tener un ingreso adicional. Generalmente cada político lo hace con el periodista amigo. También se radicaliza el criterio de la información en ese aspecto”, cuenta otro reportero de Arauca.

La información como ‘extorsión’ para lograr pauta
También se han dado casos de otras prácticas contrarias a la ética como ésta que describió en 2003 Luis Emiro Millán, director de RCN radio en Santander, la cual aunque no es generalizada sí se presenta en el Nororiente, como en otros sitios del país (Sandoval, 2003: 28):

“En primer lugar fue culpa de los propios periodistas cuando ellos mismos aceptaron algo que en radio se llama ‘trabajar por cupos’. Los periodistas se dejaron imponer que tenían que trabajarle al medio y aparte de eso vender publicidad. No había ningún nexo de tipo laboral, la empresa no era empleadora directa, no tenía ninguna responsabilidad. Eso hizo que los periodistas empezaran a depender, por ejemplo, de las entidades oficiales y de los dirigentes políticos; entonces se manejaban las relaciones periodísticas con un criterio económico, es decir, le tapaban al político sus malas actuaciones con tal de que le mantuvieran su cupo mensual. Eso dio paso al chantaje y hoy vemos como algunas personas que trabajan en los medios, si quieren obtener provecho económico, sencillamente optan por asediar a un personaje de la vida pública hasta que les da su tajada, su beneficio mediante un cupo de publicidad”.

Ahí hay una práctica nefasta que creció como resultado de políticas empresariales de los mismos dueños de los medios, que degradaron la condición laboral de los trabajadores de la información. Por fortuna es algo reducido y casi ubicado en casos específicos, no en el común de la prensa.

“La nueva generación, los jóvenes que salen de las universidades, no están entrando en ese juego. Los periodistas de las emisoras de a.m. [las ubicadas en la banda de amplitud modulada] pues llevan toda la vida en esto, ‘vacunando’ como ellos dicen, no tuvieron preparación. Los jóvenes tienen una nueva concepción”, comenta Gabriel Angarita, corresponsal de Caracol Televisión en Cúcuta y del canal local Villa TV.

Problemas para ir a cubrir las noticias
La lucha armada en zonas aún en disputa por parte de los actores armados es otra limitante pues impide desplazarse en forma libre. Eso ocurre en Norte de Santander, como explica el reportero Juan Carlos Ordóñez:

“Fue lo que pasó con los ataques que hubo en la carretera a Ocaña y lo que significa ir al Catatumbo. Hay poca disposición de los medios y los periodistas para ir a esas áreas y palpar de primera mano qué es lo que está ocurriendo, si por allá se está haciendo un proceso libre de proselitismo político o si hay coacción. Las zonas de donde salieron las autodefensas se convirtieron en territorios en disputa entre el Ejército y los frentes de las Farc que habían estado al margen por la presencia de las autodefensas y que llegaron con fuerza a retomar el territorio. Eso desde el año pasado es zona auténtica de guerra”.

Sobre el mismo asunto, un periodista de Arauca que pidió mantener la reserva, afirma: “Hay problemas para el desplazamiento de los periodistas para cubrir hechos en todo el departamento. Nosotros, los que tenemos un esquema de seguridad (escoltas del Das) sólo podemos movilizarnos por las zonas del cordón de seguridad. El resto de los hechos los cubrimos a partir de llamadas telefónicas, boletines de prensa e información de las autoridades. Es muy difícil porque uno no puede desplazarse para verificar la información, entonces no sabe qué tan cierto es lo que le están diciendo”.

Proteger la vida impide trabajar
A raíz de las graves amenazas contra los periodistas de Arauca en 2002, que obligaron a la salida de un grupo de ellos a Bogotá, el Estado decidió darles un vehículo y escoltas a los reporteros para que pudieran hacer su trabajo protegidos; pero para algunas cosas, el remedio resultó peor que la enfermedad. Así lo relata uno de esos periodistas:

“El esquema de seguridad en que yo estoy es con el Das. Andan tres escoltas con nosotros, tenemos un vehículo en el que nos movilizamos los 4 periodistas que estamos bajo este esquema. Estos escoltas no le hacen acompañamiento a uno porque ellos son 3 y nosotros 4. Ellos nos dejan en el lugar del cubrimiento y siguen con los otros. En los lugares quedamos vulnerables. Ellos dicen que así es el sistema, que ahí estamos en el cordón de seguridad, pero ya tenemos la experiencia de que a Luis Eduardo Pinino, quien era corresponsal de El Tiempo, lo mataron dentro del cordón de seguridad. Eso es lo que vemos que está fallando. Con los esquemas de seguridad uno llega a un barrio a hacer reportería y ven a los guardaespaldas que nos acompañan y la gente se corre porque creen que son de la ley o de los otros. Uno se sienta a hablar con alguien y todo el mundo es a la expectativa. Es muy difícil hacer periodismo en estas condiciones”.

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